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Ayuda a víctimas de 2019 logran crédito y Bs 500 en especies cada mes

28 octubre, 2021

El Gobierno atendió las demandas de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) que llegaron hasta La Paz en una marcha pidiendo justicia, a dos años de los conflictos de 2019.

Tras una reunión, que se prolongó por dos días, lograron un acuerdo que incluye una próxima cita para el 5 de noviembre.

Entre los puntos principales del documento están el crédito productivo para los familiares de los fallecidos y los heridos con un interés del 0.5% y fácil acceso, además de la ampliación por un año más de la entrega mensual de 500 bolivianos en especies, a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (SEDEM).

Asimismo, se determinó que la ayuda humanitaria prevista alcance a los torturados y detenidos.

Respecto al pedido de un pago de 50.000 bolivianos como ayuda económica para todos los heridos, sin importar el grado de invalidez y el salario mínimo de 5.000 bolivianos para todas las víctimas, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, explicó que ambas demandas se fusionaron y el Gobierno dispuso el crédito que permitirá iniciar un emprendimiento.

“Vamos a esperar al 5 de noviembre para que se apruebe el decreto supremo que autorice este crédito. Acordamos que, en principio, se beneficie a quienes participaron de la marcha”, explicó.

Según el documento firmado, en el marco de la reconstrucción económica del Estado, se acordó trabajar un decreto para que en la línea del Crédito Si Bolivia se destine un fondo de créditos productivos.

Otro punto establece la ampliación del beneficio mensual, “en el marco del presupuesto con el que se cuenta”, y se considera también a los torturados.

El Decreto Supremo 4176, del 10 de marzo de 2020, establece la transferencia público-privada en especie por el periodo de 12 meses por un valor de 500 bolivianos a un representante familiar de la persona fallecida y la persona herida entre el 21 de octubre de 24 de noviembre de 2019.

También se dispone que para la fecha prevista se presentará el informe sobre los gastos de sepelio de los fallecidos para procesar su devolución. En el pliego petitorio de los marchistas estaba el pedido de 10.000 bolivianos.

VÍCTIMAS

Inca también explicó que la decisión de beneficiar con la reparación integral a las víctimas, incluyendo a los torturados y detenidos es porque ellos también erogaron recursos para pagar abogados e incluso el derecho de piso en la cárcel que alcanza los 3.000 bolivianos.

“Creemos que esos montos deben ser restituidos o devueltos porque también son víctimas. Estamos haciendo el registro”, acotó.

Otro de los puntos del acuerdo señala que se trabajará en la revisión de los procesos de los torturados y detenidos con el fin de coadyuvar en su demanda de devolución de gastos judiciales. A su vez, están la atención médica y psicológico, a través del Ministerio de Salud.

En lo que respecta a su pedido principal de justicia, el Gobierno detalló la proposición acusatoria contra los responsables y se acordó un cuarto intermedio para la revisión “en detalle” del mismo. 

Por otro lado, se gestionará una reunión con la Asamblea para que se informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y también con el Ministerio de Defensa para recibir información respecto a procesos existentes contra efectivos militares.

Finalmente, el 5 de noviembre se presentará el plan estratégico para el censo de víctimas con su respectivo cronograma, en el marco de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “orientadas a la reparación integral de las víctimas”.

“Estamos un 50% felices y esperamos que en la fecha acordada el Gobierno nos pueda convencer que hace todo bien, caso contrario recibiremos el informe, pero no vamos a avalar ese trabajo”, concluyó.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien destacó la voluntad del gobierno nacional que fue establecido en el acuerdo. También participaron del diálogo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

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