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Relevan a más de 30 funcionarios en DDRR por corrupción

12 abril, 2012

Derechos Reales en investigación

La registradora y el subregistrador de Derechos Reales en Santa Cruz, Virginia Cordero Palacios y Pastor Gonzales Apaza, respectivamente, además de otros 32 funcionarios de dicha repartición judicial fueron removidos de sus cargos por múltiples denuncias de corrupción, informaron ayer los titulares del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Departamental de Justicia.

Pastor Gonzales, que juró como subregistrador en octubre de 2010, está aprehendido en la Felcc con un proceso penal abierto por la Fiscalía supuestamente por inscribir de forma dolosa en favor de un particular un terreno en disputa en el que se asienta el barrio El Pantanal Palmasola, situado en la UV 133, en el distrito municipal 12.

Los otros funcionarios han sido relevados a instancia del Ministerio de Transparencia que el año pasado remitió informes con nombres de empleados denunciados por actos irregulares en el ejercicio de sus funciones en Santa Cruz y en Cochabamba, según fuentes oficiales.
“Efectivamente, al subregistrador Pastor Gonzales le hemos agradecido sus servicios a raíz de la denuncia. En su lugar hay otra autoridad. Tiene que investigarse. De ser culpable debe irse donde corresponde”, manifestó Cristina Mamani, presidenta a escala nacional del Consejo de la Magistratura, con sede en Sucre.

Sobre el resto del personal destituido, Cristina Mamani sostuvo que la indagación debe continuar. “Vamos a ser bien taxativos. Esto tiene que ir hasta el final, no podemos dejarlos tranquilos con el cese de sus cargos. Tiene que haber responsabilidad independientemente de las funciones que desempeñaron”, sentenció.

Wilma Mamani, representante del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, explicó: “Tenemos muchas denuncias contra funcionarios de Derechos Reales. No podemos divulgar sus nombres sin hacer una investigación, pero sería irresponsable que a una persona se la tenga que cesar por denuncias de corrupción y se vaya sin ningún proceso”, advirtió la autoridad local.

Mario Rocha López, presidente del Tribunal Departamental, dijo que si bien no llegó un informe oficial sobre el proceso contra Gonzales “el hecho no será socapado y llegará hasta la consecuencia que tenga que llegar. Y si es como se afirma, debemos plantear una querella individual, porque la ley nos obliga a hacerlo”.

Por otro lado, el fiscal Freddy Pérez informó de que ayer por la mañana tomó declaraciones a varios funcionarios de Derechos Reales, entre ellos hasta la hace poco registradora Virginia Cordero. “Han sido citados a declarar en calidad de testigos, para determinar quiénes más tienen participación”, señaló el fiscal.

Pérez confirmó que Pastor Gonzales y Paúl R.B. serán presentados hoy ante el juez Fernando Orellana.

Cubren las acefalías en los juzgados
Las acefalías de los distintos juzgados del departamento de Santa Cruz fueron cubiertas con la designación de diez jueces en la capital oriental y siete en las provincias, informaron en el Órgano Judicial cruceño.
Cristina Mamani, del Consejo de la Magistratura, indicó que la designación de los nuevos jueces y el personal de apoyo jurisdiccional se hizo en base al artículo 6 de la Ley 212, y que “nadie le debe a nadie” su cargo.

José René Quezada Rivera es juez técnico del Tribunal Octavo de Sentencia Penal; José E. Aponte Rivero, juez primero de Instrucción en lo Penal; Juan José Zubieta Claros, juez sexto de Instrucción en lo Penal; Pablo Vargas Pizarro, juez séptimo de Instrucción en lo Penal; Fátima E. Gentile Álvarez, jueza novena de Instrucción en lo Penal; Wilson Arévalo Coria, juez décimo de Instrucción en lo Penal; Ruth López Soraire, jueza cuarto de Instrucción de Familia; Jaime Araúz Ruiz, juez décimo de Partido Civil y Comercial; Marianela Severiche Daza, jueza cuarto de Partido en lo Civil y Comercial; Nuria Lino Hurtado, jueza primera de Instrucción Mixto del Centro Integrado de Justicia; Óscar Arroyo Rojas, juez segundo de Instrucción Mixto de Puerto Suárez; Johnny Orinochi Ortiz, juez de Instrucción Mixto de Concepción; Gabriel Pereira R., juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia en Puerto Suárez; Jaqueline Soriano, jueza de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia en Camiri; María Inñes Yáñez Cáceres, jueza primera de Instrucción Mixto de Camiri; Alberto Zeballos A., jueza de Instrucción Mixto de San Julián y Rosse Mary Mendoza Cuno, jueza de Instrucción Mixto Liquidador y de Sentencia de San Matías.

Judiciales

– Nuevos jefes en Derechos Reales. El flamante juez registrador es Alberto Illanes Herrera y el juez subregistrador, Alfredo Aurelio Echeverría Guardia; el supervisor es Jorge Vargas Rivera.

– Más personal. Además de posesionar los magistrados en los distintos juzgados que estaban sin titulares, la judicatura designó a 38 funcionarios, entre secretarios de cámara, de juzgados, de tribunales, actuarios, auxiliares y oficiales de diligencia.

– Denuncias. Las personas que se sientan afectadas por actos de corrupción en Derechos Reales o en los juzgados, pueden denunciar al teléfono gratuito 800 10 6661.

– Oficina de antecedentes. El Tribunal Departamental de Justicia habilitará un registro penal informático en el que se podrá recabar con celeridad imputaciones contra delincuentes, acusaciones, mandamientos de rebeldía y otros documentos.

– Edificio nuevo. El Tribunal Departamental anunció que ya cuenta con un edificio en la calle La Paz, donde se realizarán las audiencias cautelares los fines de semana y los días feriados con atención las 24 horas. Mario Rocha, titular del Órgano Judicial cruceño, dijo que la apertura los sábados y domingos del Palacio de Justicia representaba una inseguridad tremenda.

– Justicia a la puerta del vecino. Las autoridades principales del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Departamental de Justicia, informaron de que por disposición de la Sala Plena en poco tiempo más se desconcetrará la justicia en beneficio del litigante. “Próximamente los juzgados de Instrucción Cautelar serán trasladados a los distintos puestos policiales y casas judiciales. Es un proyecto grande en el que estamos actuando el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Departamental, el Ministerio de Justicia y la Alcaldía Municipal”, señaló Rocha.

Fuente: El Deber

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