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Leyes laborales intentan prohibir despidos

29 abril, 2021

Los proyectos de ley de Estabilidad Laboral y de Derechos Adquiridos, que actualmente están siendo tratados en la Cámara de Diputados, son considerados por el sector empresarial como lapidarios porque intentan prohibir la desvinculación justificada, mientras que el economista Alberto Bonadona cree que dichas normas “aumentan a la catástrofe económica que ya se vive en Bolivia”.

La Central Obrera Boliviana (COB) dejó entrever que dichas normas serían aprobadas el 1 de mayo y, con ello, se procederá a la reincorporación laboral de trabajadores despedidos en 2020.

El proyecto de Ley de Estabilidad Laboral establece que los trabajadores no pueden ser despedidos, removidos, trasladados, sin causa netamente justificada. En su artículo 3 señala que la parte patronal (sector público o privado) queda prohibida de efectuar despidos y que deberá realizarse la recontratación de los servidores públicos, en especial del sector salud.

Además, dispone la recontratación de trabajadores del sector privado cuya relación haya sido iniciada en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2020.

Para concretar un despido justificado, el proyecto de ley menciona éste deberá ser debidamente observado y supervisado por el inspector del Ministerio de Trabajo.

En tanto, el proyecto de ley de Derechos Adquiridos establece que ninguna ley, convención, tratados nacionales e internacionales, pactos o acuerdos de carácter económico o comercial, con el pretexto de mejorar la competitividad comercial para las empresas, podrán menoscabar, disminuir, alterar o diferir los derechos adquiridos.

La norma define los derechos adquiridos como los derechos y/o beneficios que entran al patrimonio de los trabajadores y que no pueden ser arrebatados o vulnerados a través normas legales.

La Cámara Nacional de Industria (CNI) indicó que ambos proyectos de ley intentan restringir el derecho de negociación entre trabajadores y empleadores y de prohibir la desvinculación por causales justificadas, vulnerando así las normativas. 

La CNI señaló que estas leyes vulnerarán la seguridad jurídica de las empresas legalmente constituidas que otorgan empleos formales. Además que pondrá en riesgo fuentes de empleo digno, incentivando a la informalidad.

Agregó que la estabilidad laboral ya está reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE) y no corresponde emitir una nueva ley.

Por su parte, Bonadona considera que las leyes no contribuyen a mejorar las condiciones para  aumentar la producción y resolver el problema del empleo.  

“No se resuelve la falta de empleo (…). Es una muestra más que el Ministerio de Economía no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en la economía. Hay que tomar medidas para salir de la recesión. Sin duda, las dos leyes aumentan a la catástrofe económica que ya se vive”, dijo.

Empresarios privados  rechazan incremento salarial, incluso del 0,67%

Tras conocer la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de un incremento del 0,67 por ciento al salario mínimo nacional, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, ratificó que el sector no tiene las condiciones para asumir un incremento, puesto que se han perdido mercados y no hay una reactivación económica real. 

En tanto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, calificó el planteamiento gubernamental como un avance en las demandas de incremento salarial del sector trabajador.

Laredo informó que en Cochabamba se necesitan 5 millones de bolivianos para cubrir el incremento salarial en el sector privado y más de 20 millones de bolivianos si hay un retroactivo de cuatro meses; para generar esos montos se deben tener las condiciones necesarias.

“No estamos de acuerdo con ningún monto de incremento salarial porque no hay condiciones”, dijo. 

Por su parte, Huarachi aseguró que la propuesta de incrementar el 0,67 por ciento al salario mínimo no satisface la ademanda de los trabajadores, por lo que espera mejores resultados de la reunión que sostendrá hoy con el presidente Luis Arce.

Indicó que, en caso de aplicarse ese porcentaje, se adicionaría 14 bolivianos al salario mínimo nacional que actualmente es de 2.122.

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