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INRA registra 1.569 asentamientos

12 marzo, 2021

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) registra 1.569 comunidades establecidas en casi 3,5 millones de tierras fiscales a nivel nacional, la mayoría en Santa Cruz. En medio de denuncias de avasallamientos a áreas protegidas y tráfico de tierra, la institución anunció que retomará la dotación de tierras. 

Según datos expuestos en la reunión pública de cuentas 2020 del INRA, efectuada ayer, Bolivia cuenta con casi 4,1 millones de tierras fiscales y, a la fecha, solamente un 13 por ciento, equivalente a 525.359 hectáreas, permanece disponible. 

En la oportunidad, el director del INRA, Eulogio Núñez, informó que existen procesos de saneamiento y titulación paralizados desde el año pasado, los cuales serán retomados. También indicó que se responderá a las demandas de acceso y tenencia de la tierra.

Según los datos presentados en el evento, se tiene prevista la dotación de 4 mil hectáreas de tierra fiscal durante el primer trimestre de 2021.

Por otro lado, el director general de planificación del INRA, Juan de Dios Fernández, indicó que en 2020 se emitió un instructivo que permite reconocer derechos de propiedad en predios con una superficie mayor a 5 mil hectáreas, pese a que la CPE lo prohíbe, “en un claro favoritismo a los grupos de poder”.

Mencionó también que 57 predios clasificados como “medianas y empresariales”, equivalente a una superficie de 236 mil hectáreas, con resoluciones finales de saneamiento emitida “de forma no regular”.

En opinión del director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, la labor inmediata que debiera encarar el INRA es transparentar los procesos de apropiación de tierras que fueron denunciados como irregulares en lugar de anunciar nuevas dotaciones de tierras fiscales.

Las denuncias de tráfico de tierras y acaparamiento de titulaciones no solamente corresponden a la gestión 2020, puesto que, según Colque, vienen desde la gestión 2014. 

En este sentido, dijo que amerita realizar una pausa en el proceso de saneamiento para iniciar una auditoría para transparentar el proceso de dotación, distribución y adjudicación de tierras fiscales, no solamente a grandes propiedades sino también a las nuevas comunidades.

No obstante, Colque opina que el anuncio de retomar la dotación de tierras fiscales probablemente obedece a exigencias de organizaciones que exigen ese proceso.

Efectivamente, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales, en un pliego petitorio enviado en febrero al presidente Luis Arce Catacora, exige “la dotación de tierras con planes de asentamiento humano, donde se cuente con servicios básicos, y especialmente caminos a los precios y agua potable para consumo humano”.

También exigen la anulación de títulos de propiedad emitidos durante el gobierno de transición a empresarios y extranjeros.

Cívicos piden priorizar tierra para los originarios

El presidente del Comité Cívico Provincial de Santa Cruz, Fernando Larach, manifestó su rechazo al avasallamiento y colonización impulsada por el MAS en los últimos 14 años.

Indicó que la institución cívica no rechaza la dotación de tierras a comunidades que llegan a Santa Cruz desde otras regiones del país; sin embargo, aclaró que primero se debe dotar tierras a las personas del lugar.

“En primera instancia, debe cumplirse la norma y darse tierra a los ciudadanos cruceños, tanto de ciudad como de provincia, porque aquí hay mucha gente que no tiene un metro cuadrado donde cultivar la tierra”, dijo.

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