Jueves, Abril 27, 2017
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Red de corrupción sacude al Gobierno

Siete funcionarios gubernamentales, entre ellos el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, fueron detenidos por integrar una presunta red de corrupción con posibles nexos en el sistema judicial y extorsionar al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, recluido en la cárcel de Palmasola desde hace más de 18 meses.

El fiscal del caso, Ángel Álvarez, confirmó la aprehensión hasta anoche de siete personas involucradas en este caso, investigados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón del cargo, uso indebido de influencias, entre otros.

Según el listado de implicados en esta “red de corrupción y extorsión”, como calificó al grupo el ministro Carlos Romero, además de los siete funcionarios públicos estarían involucradas personas particulares que se hacían pasar por empleados de la cartera de Gobierno y presionaban a jueces y fiscales para suspender las audiencias de cesación de detención solicitada por Ostreicher.

La red incrustada en el Órgano Ejecutivo presuntamente recaudó 10.000 dólares por la venta irregular del arroz incautado al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y, por otro, pidió 50.000 dólares a cambio de una decisión judicial que lo deje en libertad.

Entre los 14 acusados hay dos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, un director del Ministerio de la Presidencia, un juez, otro jurista que se hacía pasar por empleado estatal y seis exfuncionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló ayer en La Paz que los casos se investigaron hace tres meses.

Fuentes revelaron a El Deber que ambos hechos son sólo la punta del ovillo, porque se trata de una megarred conformada por consorcios de juristas que “dicen ser representantes del Gobierno”, de fiscales y de posiblemente jueces, sobre todo de La Paz y de Santa Cruz.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, denunció que cuando un juez dejó en libertad a Ostreicher, “recibió una llamada del exfiscal de distrito Isabelino Gómez, que le indicó que lo iba a mandar a la cárcel por esa decisión”.

“Es una red de tráfico de influencias, chantajes y presiones para forzar sentencias y dilatar casos en La Paz y en Santa Cruz”, dijo la fuente consultada por este medio. El 19 de abril, el Ministerio de Gobierno publicó una solicitada en periódicos, en la que alertaba que no tenía procuradores y que se procesaría a quienes, a nombre de esa repartición, realizaran trámites judiciales. “Esa, es la demostración de que este caso no es reciente”, aseguró la misma fuente.

Ostreicher está detenido en el penal de Palmasola desde junio de 2011, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Este año, un parlamentario estadounidense visitó Bolivia y denunció que en el país no se respetaban los derechos de su compatriota. Hace unas semanas, el actor estadounidense Sean Penn lo visitó en la cárcel e intercedió por él ante el propio presidente Evo Morales. Algunas fuentes, que pidieron reserva, creen que esa visita del ganador de dos premios Óscar dio un golpe de timón a este caso.

Romero denunció que el director nacional de gestión pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana, fue detenido porque se confirmó que recaudó en su cuenta bancaria 10.000 dólares por la venta irregular de 20.000 toneladas de arroz incautadas a Ostreicher. La defensa de Antezana asegura que ese dinero es por la venta de un vehículo. También hay implicados otros seis exfuncionarios de Dircabi y tres de ingenios arroceros que compraron la mercadería.

Altos cargos implicados

Cabecilla

El abogado del Ministerio de Gobierno es el presunto líder de la red.

Involucrado

Otro funcionario detenido era director en el Ministerio de la Presidencia.

Citan a exfiscal de Distrito

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz amplió la investigación. El fiscal anticorrupción Ángel Álvarez confirmó que será citado el exfiscal de distrito Isabelino Gómez; el abogado Abraham Quiroga (que durante un tiempo asistió al exministro de Gobierno Sacha Llorenti); el exjuez y asesor legal del Consejo de la Judicatura en Sucre Fernando Orellana, y otros.

Según la información, Gómez tuvo actuaciones detrás de los abogados claves del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas. Rivera, que llevaba el caso Rósza, fue detenido ayer en Tarija tras declararse un cuarto intermedio en ese juicio por presunto terrorismo. La detención causó sorpresa, pues ni Rivera conocía las razones.

Por otro lado, se conoce que el exjuez Orellana emitió una resolución sobre el destino de las 20.000 toneladas del arroz. La Fiscalía confirmó que el vocal Zenón Rodríguez, fue citado de nuevo para que declare hoy. Se imputó a Antezana y Céspedes, y se lo hará con los demás por legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón del cargo y uso indebido de influencias.

Ostreicher, en una entrevista televisiva, manifestó anoche que el exasesor del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, es uno de los personajes más funestos que le hace daño a Evo Morales. Aunque aclaró que en ninguna parte del mundo el sistema de justicia es perfecto.

Cambiaban las decisiones judiciales

En el caso de extorsión, el 23 de septiembre de 2011, según Ostreicher y sus abogados, una resolución judicial dictada por el vocal de la Sala Penal Segunda Zenón Rodríguez, que ordenaba la cesación de su detención preventiva, días después fue cambiada por el mismo vocal, “supuestamente a raíz de presiones ejercidas por abogados del Ministerio de Gobierno”.

Los asesores legales del Ministerio, Fernando Rivera Tardío y Dennis Efraín Rodas, fueron acusados de cambiar la decisión de Rodríguez porque, según la denuncia de Ostreicher, no pudo entregar 50.000 dólares que habían solicitado y que debían ser pagados en 24 horas al jurista Gustavo Céspedes, que –según Romero– se hacía pasar por funcionario de esa repartición estatal. El Ministro señaló que al no hacer efectivo el pago, los implicados lograron revertir la decisión judicial.

El vocal, en su primera declaración, señaló que fue presionado por los dos abogados del Ministerio, quienes le dijeron que el tema era una “cuestión de Estado” y que no formaba parte de la presunta red. La tarde de ayer, Antezana y Céspedes fueron presentados en una audiencia ante la jueza Ximena Flores, en la capital cruceña, pero ésta se excusó de oficio por resentimiento y desafecto con el abogado de Antezana. El caso pasó al juzgado sexto y el juez fijará hoy la hora para la audiencia.

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