Una vez liberadas las 29 personas detenidas en Santa Cruz, durante los bloqueos del martes pasado, tanto gremialistas como el Gobierno confirmaron ayer la reunión acordada para hoy a las 15:00, en la capital cruceña. La intención es tratar de conciliar criterios sobre el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anticipó ayer que en este encuentro con dirigentes de la Confederación de Gremialista, informará y responderá las dudas que tengan sobre el proyecto de ley para la confiscación de bienes, de procedencia ilícita.

En función a esas sugerencias y aportes de los diferentes sectores, Romero abrió la posibilidad de modificar el proyecto. “Hay esa apertura, si es para mejorar, para clarificar, y también para aclarar que la norma está totalmente dirigida a narcos y no a ellos”, indicó en contacto con Los Tiempos.

“Vamos a aprovechar cualquier espacio de diálogo que tengamos, de hecho el lunes hay una reunión, nos han pedido los comerciantes de ropa usada creo que de La Paz. En Santa Cruz también nos han pedido una socialización, mañana mismo (hoy) algunos gremiales.

Lo que pasa es que los gremiales quieren varias reuniones y, posiblemente, con el sector del transporte cooperatizado también programaremos (una reunión)”, dijo.

Agregó que se va explicar de manera pormenorizada como funciona este instrumento de extinción de dominio, a quiénes se dirige y que es un instrumento necesario para atacar una estructura de poder en las administraciones criminales.

El dirigente de los gremiales de Santa Cruz, Jesús Cahuana, confirmó su presencia en el encuentro de hoy con el titular de Gobierno e informó que previamente, a las 8:30 los representantes del sector se reunirán con los abogados y técnicos que dijo, están elaborando todos los argumentos por los que rechazan la normativa, para darle a conocer al ministro.

En tanto, la dirigencia de los transportistas cruceños esperan que el Ministro de Gobierno determine dejar sin efecto esta propuesta de ley, enviada al Tribunal Constitucional, para evitar que se reanuden las movilizaciones a nivel nacional.

“Si no salían nuestros detenidos que moral podríamos tener para ocuparnos de una reunión teniamos que vigilar y estar permanentemente esperando que nuestra gente sea liberada”, dijo Cahuana.

Después de casi cinco horas que duro la audiencia cautelar, la jueza Valeria Salas determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva para los 29 transportistas y gremialistas aprehendidos por la Policía cuando bloqueaban en la doble vía La Guardia y en el ingreso al aeropuerto Viru Viru el pasado martes. Los liberados deberán asistir ante el fiscal cada semana, presentar dos garantes solventes y con bienes, además quedaron prohibidos de participar en futuras protestas y manifestaciones.

Los dirigentes de los sectores en conflicto, que se encontraban en vigilia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), indicaron que de no darles la libertad iban a paralizar actividades.

Deponer protestas

Gremialistas y Transportistas en el departamento de Santa Cruz anunciaron un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras en rechazo a la Ley de Extinción de Dominio de Bienes para el martes 20, un día antes del censo de Población y Vivienda. En ese marco, el coordinador del INE en Santa Cruz, Juan César Coca, pidió a dichos sectores deponer sus medidas.

“Pedimos que este paro de transporte sea suspendido porque en la magnitud que nosotros tenemos previsiones y los medios para desplazarnos, podemos hacer un trabajo permisible, pero quisiéramos que no nos obstruyan en nada nuestro desplazamiento, que puedan deponer las movilizaciones”, dijo.

Tratamiento de la ley queda paralizado

La presidenta interina del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Neldy Andrade, informó ayer que esta instancia judicial admitió la consulta del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, por tanto a partir del sorteo del magistrado relator se contabilizará los 30 días hábiles para que se emita la resolución de esta instancia con relación a la propuesta gubernamental que generó conflicto con los sectores gremial y del transporte.

Asimismo, mientras se realice este tratamiento, una vez que el Tribunal Constitucional ha tomado conocimiento de la solicitud, se suspende en tratamiento en el órgano legislativo, que tendrá que esperar la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo que significa que se paraliza el tratamiento de la ley hasta que el Tribunal Constitucional de su informe.

“El pleno del TCP va a proceder a realizar el sorteo para que se designe a un magistrado relator quien sea el que proyecte la declaración Constitucional, en este caso de la consulta. A Partir del sorteo el TCP tiene 30 días hábiles para emitir la declaración constitucional”, informó Neldy Andrade.

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