Lunes, septiembre 1, 2014
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Cuatro dirigentes del Tipnis tienen orden de aprehensión por obstruir consulta

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó ayer que cuatro dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tienen mandamientos de aprehensión expedidos por la Fiscalía de Beni, como parte de las acciones legales que inició contra éstos por “obstruir” la realización de la consulta a los pueblos de ese territorio.

Dirigentes del Tipnis anunciaron la radicalización de la resistencia a la consulta y manifestaron que no les extrañaba este “uso de la justicia” por el Gobierno.

El Ministro de Obras Públicas informó que están con mandamiento de aprehensión el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, los dirigentes Joucy Fabricano, Adolfo Moye y Yudith Fabricano.

Vargas dijo desconocer esa orden y que se enteró de ella por los medios de comunicación. “No me sorprenden estas acciones, una vez más la justicia está demostrando su sometimiento al poder político. El Ministerio Público debería iniciar acciones legales contra los ministros de Obras Públicas, (Medio Ambiente y) Aguas, de Gobierno y de la Presidencia por llevar adelante una consulta que viola los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el dirigente. “Lo que se va hacer es que van a actuar los fiscales, porque varios de estos dirigentes tienen mandamientos de aprehensión”, mencionó Sánchez en conferencia de prensa.

La Fiscalía de Distrito de Beni informó que se iniciaron las investigaciones por las presuntas agresiones de los comunarios de Gundonovia contra personal de salud de la posta sanitaria de esta comunidad del Tipnis. Se adelantó que se citará al corregidor de esta población, Simón Noza.

Con relación a esta nueva acción contra la resistencia indígena a la consulta, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, dijo que esta parece una “chacota” más del Ministerio de Obras Públicas, pues si fuera respetuoso de las leyes, entendería que los indígenas que están resistiendo el ingreso de las brigadas para hacer la consulta, que alambraron los ríos para eso, están haciendo respetar su casa y porque nadie por “más gobierno que sea” puede obligar a la fuerza a decir lo que ellos quieren.

Los indígenas que se encuentran concentrados en Gundonovia, centro de la resistencia indígena contra la consulta, anunciaron la radicalización de sus acciones para no permitir la detención de sus dirigentes, como el alambrado de los ríos. Además advirtieron que van a tener que detenerlos a todos si es por impedir la consulta.

La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo confirmó la existencia de esos cuatro mandamientos de detención y calificó estas acciones contra los dirigentes como una nueva persecución y amedrentamiento del Gobierno contra quienes se oponen a sus planes.

“Como Movimiento Sin Miedo queremos denunciar ante el país que el Gobierno, bajo el supuesto regimiento ecológico que pretende crear para introducirse a los bosques, está generando un proceso de persecución y amedrentamiento a través de mandamientos de apremio que se han extendido hoy contra cuatro dirigentes del Tipnis”, dijo la asambleísta.

Revollo hizo un llamado a las instituciones de derechos humanos y a los organismos internacionales a pronunciarse y a ser veedores de la protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a la creación del “regimiento ecológico que está generando actos violentos y campos donde se ejercerá violencia, tortura y persecución a quienes estén en contra de la política de construcción de la carretera y avasallamiento del parque Isiboro Sécure, así como de otros parques en el país”.

Tribunal no recibió recurso

Sucre |

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no recibió ninguna acción directa para pedir el cumplimiento de la Sentencia Constitucional sobre la consulta en el Tipnis, aunque admite que en la Comisión de Admisión se analiza un memorial del dirigente campesino Rafael Quispe.

El presidente del TCP, Rudy Flores, informó que las acciones tutelares son los mecanismos para la verificación del cumplimiento de una sentencia o en su caso los accionantes acudan a otros mecanismos que la norma y el nuevo código procesal constitucional establezcan.

Flores afirmó que la CPE, la Ley 027 y el Código Procesal Constitucional establecen plazos de pronunciamiento del Tribunal, pero en este caso (el memorial de Quispe), al ser un memorial presentado al margen de una acción tutelar, pasa a la comisión de admisión “que atiende esos memoriales”, agregó.

Sobre el rechazo de la acción popular planteada por indígenas al Tribunal Departamental de La Paz, Flores dijo que si ésta es impugnada será remitida en 48 horas en revisión al TCP.

Fuente. los tiempos

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